Córdoba, 12/10/2024.- Construcor avisa de que las licitaciones públicas pueden seguir quedando desiertas si no se actualiza el porcentaje mínimo de gastos generales sobre el presupuesto de ejecución de las obras, tal y como ha propuesto la Confederación Nacional de la Construcción, que estima recuperar el porcentaje del 17 mínimo que se redujo en su día hasta el 13.

En este sentido, Construcor recuerda que la evolución normativa en materia laboral y medioambiental, ha disparado los gastos generales de las empresas, en algunos casos hasta el 50 por ciento en las dos últimas décadas, y hacen que el actual porcentaje del 13 por ciento, salvo alguna excepción, que pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulta a todas luces insuficiente.

Máximos históricos de los precios de los materiales y la energía

Junto a lo anterior, Construcor reitera, como viene haciendo en los últimos años, que a la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.

Asimismo, Construcor lleva tiempo alertando de estos problemas con la contratación pública como consecuencia, entre otras causas, de la escasez de trabajadores; de la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos; del abuso de los medios propios por parte de la Administración, caso de la empresa pública Tracsa; de los problemas que genera el actual sistema de clasificación y de la necesidad de buscar fórmulas para no obligar a las empresas a presentar bajas desproporcionadas para tener opciones de ser adjudicatarias

La realidad del mercado

Por ello, desde Construcor, se quiere advertir que los proyectos que se liciten deben ajustarse a la realidad del mercado y de las empresas, especialmente mirando a la revisión del PGOUM, y sus infraestructuras, y la regeneración urbanística de la capital cordobesa y evitar expectativas imposibles de cumplir cuyos costes recaigan en las propias empresas y en el conjunto de la ciudadanía.