Construcor considera que la actividad del sector de la construcción y las infraestructuras será clave para la recuperación de la economía a lo largo de los próximos meses. 

Esta es una de las principales conclusiones del informe anual que elabora la asociación denominado “Panorama económico y comportamiento de la construcción”, correspondiente a 2019 y 2020. 

El informe incluye por primera vez dos ejercicios en su análisis debido al “impacto totalmente inesperado de la pandemia en la actividad económica”, explica Francisco Carmona, secretario general de Construcor, que recuerda que “las previsiones iniciales que teníamos sobre este año apuntaban a la estabilización una vez alcanzado el potencial de crecimiento, con ligeras oscilaciones al alza o a la baja”. 

La solidez de la rehabilitación

El estudio analiza la evolución de los diferentes subsectores de actividad. Sobre la edificación residencial, recuerda que los visados de dirección de obra, “que suelen anticipar el posible ritmo de la actividad a corto plazo” apunta Francisco Carmona, ya mostraban una ligera desaceleración a principios de año, teniendo en cuenta que en 2019 se registraron 31.476, sólo un 3,3 por ciento más que el año anterior cuando el promedio de los últimos cuatro años había sido del 12 por ciento.

En cuanto a la rehabilitación, una actividad que cobrará una importancia destacada en los próximos años, los visados mantuvieron el ascenso progresivo que venían registrando desde 2014 con un avance interanual del 5 por ciento superior a la tasa promedio situada en el dos, confirmando ese potencial recorrido a futuro. 

Un mejor soporte

El informe apunta, a pesar de todo, que “existen indicadores que permiten afirmar que el impacto de la pandemia no va a ser tan dramático como cabía esperar”. En este sentido, “la actividad no se vio afectada por la paralización del estado de alarma”, señala Carmona. 

“Es verdad que las licitaciones y contrataciones se suspendieron, tal y como refleja el descenso del 34,6 por ciento de la licitación pública en el primer semestre de este año. Sin embargo, no es menos cierto que estos se aceleraron a primeros de junio, por lo que hay que esperar a principios de octubre -tercer trimestre- para valorar el impacto en términos más precisos”. 

No obstante, todo apunta a que el resultado no debería ser tan negativo, ya que las administraciones públicas hicieron público su compromiso de incrementar la inversión en infraestructuras para  compensar el desplome de otros sectores clave de la economía, como el comercio y el turismo.

Mercado inmobiliario

En cuanto al mercado inmobiliario, las transacciones de vivienda se han visto también afectadas, en el caso de las viviendas usadas y las de nueva construcción, que han provocado un diferimiento de las escrituras de venta, lo que ha provocado una caída de las mismas del 22,9 por ciento en Andalucía en el primer semestre. 

En cualquier caso, el informe dice que “pese a que el impacto de esta crisis generada por la pandemia va a ser menor que la anterior, el mercado inmobiliario sufrirá una corrección a la baja”. 

Colaboración público privada

Para Construcor, “el sector de la construcción y las infraestructuras -en los segmentos residencial, obra civil, ingenierías y actividad auxiliar-  es uno de los mejor posicionados para superar la crisis”. Ahora bien, matiza Francisco Carmona, “no por ello podrán eludir una serie de retos que pueden comprometer la propia supervivencia”. 

Así el informe concluye que el reforzamiento del marco financiero 2021-2027 aprobado por la Comisión Europea, junto al fondo “Next Generation”, son medidas que van en “la buena dirección, pero preciso acertar con los planes de inversión y las reformas estructurales. En concreto, hay que redefinir la colaboración público-privada, para impulsar las alianzas que canalicen la inversión privada en infraestructuras y faciliten la planificación y programación de los proyectos, asegurando su gestión y ejecución a unos costes asumibles y una distribución equilibrada de los riesgos y de la rentabilidad. 

Asegurar la transparencia

Otra conclusión es asegurar la transparencia de los procesos de licitación y contratación pública. Desde que entró en vigor la nueva legislación, el informe recuerda que “no se han notado cambios cualitativos en los criterios de selección, siendo frecuentes los conflictos en cuanto a los costes, bien porque los precios de las unidades no se corresponden con los del mercado, bien porque los proyectos no definen las propias unidades o porque los criterios subjetivos dejan un margen de discrecionalidad tan amplio que escapa a los mecanismos de control”.