La nueva Ley de Crédito Inmobiliario ha aportado transparencia y seguridad jurídica para los distintos agentes intervinientes en el proceso contractual y financiero que conforma una hipoteca.
Esa ha sido una de las principales conclusiones de la jornada organizada por Construcor y Cajasur y que ha tenido lugar en la sede de la entidad financiera ante un numeroso público.
En el transcurso de la misma, se ha analizado el impacto de la norma que se aprobó el pasado mes de junio y algunas de sus características, en este caso, también algunas de sus carencias.
La jornada, que ha sido inaugurada por María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, y Joseba Barrena, consejero delegado de Cajasur, ha contado con la intervención de diversos expertos de muy primer nivel.
Los participantes han sido Gregorio Arranz, secretario general de la Asociación Hipotecaria Española (AHE); Rafael Díaz-Vieito, notario en Díaz-Vieito-Velamazán; Enrique Gutiérrez, director de entidades financieras de TINSA; Francisco Paniagua, de la asesoría jurídica de Cajasur y Francisco Carmona, secretario general de Construcor.
Los expertos han coincidido en que la Ley «no es una ley estrictamente hipotecaria», con lo que no es correcto llamarla así (en referencia a que se la conoce popularmente como ley hipotecaria) que, como ha recordado Rafael Díaz-Vieito no trata productos «tan relevantes para el futuro como las hipotecas inversas«. El notario ha realizado una exposición muy didáctica, recordando algunas otras necesidades que debiera cubrir la Ley como por ejemplo los aspectos fiscales.
Sin embargo, eso no obsta para que, como la Ley, como ha apuntado Gregorio Arranz, «está llamada a tener un impacto intenso y perdurable en nuestro mercado hipotecario y también en el conjunto del sistema financiero, cambiando notablemente la forma en que los bancos desarrollarán el negocio hipotecario, así como la forma de relación con los consumidores«
Posteriormente, se ha celebrado un coloquio entre Enrique Gutiérrez, Francisco Carmona y Francisco Paniagua, dirigido por el periodista Francisco J. Bocero, en el que han subrayado la transparencia y la seguridad jurídica que ha introducido la Ley en un momento muy necesario.
En este sentido, los expertos han coincidido en que el impacto de la Ley en cuanto a la operativa financiera habitual «ha sido más aparente y puntual que real«, puesto que el mercado inmobiliario ha funcionado normalmente en 2019 sin más efectos que esos puntuales.
Por otra parte, tanto desde el punto de las entidades, los promotores y las tasadoras, han insistido en la mejora de la situación para los compradores -consumidores- en cuanto a asegurar la solvencia y evitar la litigiosidad innecesaria.