Construcor y Tragsa han acordado trabajar conjuntamente para desbloquear el conflicto en torno a la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos, cuya adjudicación a la empresa pública rechazó la asociación cordobesa. 

Este acuerdo, que mira a “reconducir una situación que es finalmente de acción empresarial”, pretende ir más allá y reordenar las relaciones de las empresas cordobesas del sector de la construcción e infraestructuras y Tragsa, con el fin de buscar colaboración entre los ámbitos público y privado. 

Este acuerdo, así como la colaboración futura que se pueda establecer entre las empresas de Construcor y Tragsa, tratará de encontrar soluciones en el marco de la Ley de Contratación del Sector Público, para preservar la actividad de las empresas y el empleo a la vez que se impulsan los proyectos de Córdoba y su provincia. 

En la reunión, celebrada en la sede de Construcor, ha participado el Consejo de Gobierno de la asociación, encabezado por su presidenta, María Dolores Jiménez, y el secretario general, Francisco Carmona, y una delegación de Tragsa, dirigida por Paloma López-Izquierdo, directora de Coordinación y Acciones Institucionales junto a Ezequiel Montero, jefe de la unidad territorial de Andalucía y Extremadura, y Francisco Javier Herrera, gerente de zona de Córdoba.

Representatividad

Construcor quiere destacar que la reunión es un ejemplo del trabajo de las organizaciones de empresarios, cuyo objetivo es defender los intereses de sus asociados, representarlos de acuerdo a su peso sectorial y reivindicar su papel en el desarrollo socioeconómico permanente del territorio. En la actualidad, el sector de la construcción en Córdoba y su provincia tiene un peso directo superior al seis por ciento del VAB y casi 17.000 trabajadores acogidos al convenio, sin contar a los autónomos. 

Por su parte, el Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado. Con más de 40 años de experiencia, actúa en las 17 comunidades autónomas.