Construcor advierte que las adjudicaciones de suelo público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) pueden encarecer el precio real de las VPO por encima del máximo permitido por Ley. La Agencia adjudica terreno a las promotoras de vivienda protegida a la oferta que ofrezca el precio más barato de venta o de adjudicación de las futuras viviendas que se edifiquen.
Con este criterio, se fomenta que se presenten ofertas, especialmente por parte de cooperativas, con una baja de hasta el 30 por ciento del precio máximo de venta, comprometiéndose la viabilidad económica de los proyectos y abriendo la puerta a que las personas y familias adjudicatarias de esas VPO sufran las consecuencias.
Subidas de precios y sobrecostes
Estas consecuencias se refieren a la subida de precios y costes que pueden llegar a sufrir, ya que o bien tienen que pagar un sobreprecio prohibido expresamente por la Ley o bien una rebaja de las calidades que se publicitan. En este sentido, Construcor tiene constancia de cómo los precios que se anuncian para captar a potenciales interesados en participar como cooperativistas, son superiores a la reducción del precio que se oferta para adjudicarse los terrenos.
En este sentido, Construcor señala que los pliegos elaborados por AVRA no contienen ningún mecanismo que evite se estos sobreprecios, pues la resolución del contrato de venta del terreno a quien perjudicaría en realidad sería a los propios cooperativistas como compradores del mismo suelo.
Por otro lado, en la publicidad no se hace referencia al obligado aseguramiento de la cantidad inicial que los interesados deben realizar para la compra del terreno. Esta es una aportación a la que se atribuye el carácter de “reserva” cuando en realidad se trata de una cantidad dirigida a la compra del suelo cuya devolución debe garantizarse mediante aval bancario o documento similar.
Estos procedimientos constituyen un subterfugio para eludir la obligación de proteger los derechos de los cooperativistas como consumidores y un riesgo cierto de que el suelo público no cumpla finalmente su objetivo.
Por lo anterior, Construcor va a plantear una modificación de los pliegos que garantice los principios de concurrencia y de transparencia, ya que una vez adjudicado el suelo la entidad pública AVRA se desentiende del seguimiento y control sobre los precios de venta o adjudicación de las viviendas.
El problema es que las Mesas de Contratación incumplen su obligación de evaluar y valorar el efecto que tienen las rebajas de precios que se ofertan en la viabilidad económica de los proyectos de edificación, calificando las mismas como temerarias y, en su caso, requerir toda la documentación técnica y económica precisa para decidir sobre su admisión o rechazo.
Por otra parte, los pliegos tampoco contemplan garantías reforzadas que aseguren el cumplimiento del precio de venta o adjudicación de las viviendas a construir cuando reducción del precio es desproporcionada.
En definitiva, existen reducciones del precio tan temerarias que conllevan un sobreprecio, lo que supone un fraude al pliego de condiciones y a los beneficiarios de VPO, o una notable merma de las calidades ofertadas.
Desde Construcor defendemos el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, mucho más en el caso de ser beneficiarios de VPO, sin sobreprecios ni reducción de calidades ofertadas.