Construcor ha denunciado la situación caótica en la que se encuentran la contratación de obras y servicios, que la han llevado a su práctica paralización.

Pese a que la normativa contempla medidas para asegurar que la adjudicación de las obras y servicios recaiga en aquellas ofertas que garanticen la mejor relación calidad-precio, la realidad es que siguen contratándose a precios por debajo de los que son habituales en el mercado, por lo que se acaban paralizando y, en el mejor de los casos, finalizando con unas condiciones de calidad inferiores a las previstas en el proyecto y en los pliegos de condiciones.

Construcor advierte que esta práctica de adjudicar los contratos a precios muy por debajo de los considerados para calcular y fijar los costes, constituye una utilización fraudulenta e ineficiente de los recursos públicos que se destinan para financiar su ejecución, tanto de los propios de las administraciones como de los que proceden de la Unión Europea.

En este sentido, además, el coste final acaba siendo mucho más caro por los daños que se producen durante la paralización, y los que suponen su reanudación. Y ello sin contar los perjuicios directos del retraso en su terminación y puesta a disposición para el uso público.

Construcor recuerda que las empresas protagonistas de estos hechos no tienen implantación en Córdoba, pero la imagen negativa y la repercusión pública de la paralización de las obras y proyectos de ciudad recae sobre las empresas cordobesas, cuando en realidad encubre una pasividad escandalosa de las administraciones públicas en el control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones del contrato.

Algunas de las obras paralizadas van a reiniciarse en breve, como el tramo de la Ronda Norte-Mirabueno. No obstante, Construcor tiene dudas de que todas las empresas hayan dispuesto de la misma información a la hora de confeccionar sus ofertas, ya que la valoración técnica de las presentadas arroja importantes diferencias, por lo que decidirá lo que proceda una vez analice el contenido de dichos informes.

El ejemplo de TRAGSA

Construcor rechaza que este caos se quiera resolver contratando directamente las  obras a la  empresa pública TRAGSA, impidiendo de esta forma  que otras empresas puedan presentar sus ofertas, falseando la competencia e infringiendo uno de los objetivos esenciales de la normativa europea: fomentar e impulsar el acceso y participación de las PYMEs a la contratación pública en condiciones de igualdad.

Así, resulta paradójico que quienes han provocado desde la administración competente esta situación, contraten directamente a un agente público interpuesto que carece de los medios técnicos y humanos para su ejecución, que subcontrata a las empresas de construcción locales para finalizar las obras, y que se lleva un beneficio que se convierte en un sobrecoste público por ejercer como el papel de mera intermediaria.

Recurso de la licitación promovida por EMPROACSA

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha interpuesto un recurso especial ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales de Andalucía, contra los criterios de adjudicación aprobados por la Empresa Pública Provincial de Aguas de Córdoba, EMPROACSA, en relación con la contratación de las obras de reparación de averías y trabajos complementarios de las redes e instalaciones de abastecimiento en las Zonas del Guadajoz/Subbética; Alto Guadalquivir; Campiña; Guadiato y Los Pedroches, por cuanto infringen los principios de igualdad, no discriminación y libre acceso de las empresas licitadoras potenciales, lo que también supone un falseamiento de la competencia además de que tampoco aseguran la selección de la oferta más ventajosa en términos de calidad y precio.

Esta situación insostenible obedece al empeño de las administraciones públicas de seguir aprobando pliegos de condiciones arbitrarios que se sitúan fuera de la realidad de las empresas y los ciudadanos.

Por ello, el Consejo de Gobierno propone las siguientes propuestas en aras de la máxima transparencia social:

• Que los presupuestos base de licitación se valoren y calculen con arreglo a los precios habituales de mercado, y que en los pliegos se haga constar el método utilizado para su determinación.
• Que se incorporen a los pliegos de condiciones medidas que desincentiven las propuestas económicas anormalmente bajas, que no se ajusten a los precios de mercado ni a los sistemas constructivos que se propongan por las empresas licitadoras.
• Que se fijen parámetros objetivos que permitan identificar las proposiciones económicas anormales.
• Acotar la subcontratación en función del objeto del contrato y su complejidad técnica.
• Que se establezcan sistemas de licitación adecuados al objeto del contrato, y condiciones especiales de ejecución y penalizaciones en caso de incumplimiento.